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El viernes 26 de agosto del 2011 se present贸 el Informe de Seguimiento de la Misi贸n Internacional de FIAN sobre el Derecho a la Alimentaci贸n y la Protecci贸n de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala. Esa misi贸n dio seguimiento a las visitas iniciadas en 2009 y las recomendaciones expresadas al Estado Guatemalteco e Instituciones Internacionales.
Aqu铆 compartimos el resumen ejecutivo del Informe 2011.
Las redes internacionales APRODEV, FIAN, CIFCA, CIDSE y la V铆a Campesina
Solicitan se declare el Derecho a la Alimentaci贸n
y la Protecci贸n de Defensores de Derechos Humanos
Prioridad Nacional en Guatemala
Misi贸n Internacional presenta el Informe de Seguimiento de Verificaci貌n del Derecho a la Alimentaci贸n y la Situaci贸n de Defensoras/es de Derechos Humanos en Guatemala
RESUMEN EJECUTIVO del INFORME:
Guatemala, 26 de agosto de 2011: Ante la crisis alimentaria prolongada y los m煤ltiples ataques a defensoras/es de derechos humanos documentados, la Misi贸n Internacional respalda el planteamiento de organizaciones guatemaltecas a declarar prioridad nacional el Derecho a la Alimentaci贸n y la Protecci贸n de las y los Defensores de Derechos Humanos en Guatemala. Esto, en particular, se considera un reto fundamental para las autoridades que ser谩n electas en los pr贸ximos comicios.
A continuaci貌n le presentamos las conclusiones de la Misi貌n basadas en el estudio de casos paradigm谩ticos y en el an谩lisis de las pol铆ticas p煤blicas relacionadas:
La crisis alimentaria prolongada sigue causando estragos graves en Guatemala, y los indicadores internacionales sobre los precios de los alimentos y combustibles, as铆 como los propios progn贸sticos de la SESAN sobre seguridad alimentaria y nutricional, hacen prever un aumento de los casos de desnutrici贸n aguda a lo largo del 2011. La gravedad de la crisis alimentaria que afecta de modo desigual a la poblaci貌n est谩 determinada por factores tales como el grupo 茅tnico y el nivel de educaci贸n de las madres. Esto evidencia la perpetuaci贸n de par谩metros de discriminaci贸n y exclusi贸n social. En todos los casos verificados se han observado discriminaciones m煤ltiples sufridas por las mujeres y violaciones a sus derechos humanos, entre otros, a la alimentaci贸n, a la salud, a la tierra,al agua y a sus derechos laborales.
El Estado contin煤a realizando esfuerzos significativos para paliar la situaci贸n de desnutrici贸n, por ejemplo en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN), sin embargo estos esfuerzos no han sido debidamente acompa帽ados por los cambios en pol铆ticas estructurales que aborden las causas de la pobreza y hambruna en el pa铆s. Este es el caso de las pol铆ticas agrarias y de desarrollo rural que no cuentan con presupuestos adecuados mientras los conflictos agrarios se multiplican. Por el contrario, no se han observado ninguna reducci贸n de desalojos forzosos, ni un receso en la expansi贸n de la producci贸n de agrocombustibles y establecimiento de megaproyectos que tienen impactos graves y demostrados en el derecho a la alimentaci贸n.
El clima de criminalizaci贸n y persecuci贸n de las y los defensores se ha agudizado, especialmente en el caso de las y los que defienden los derechos colectivos y los derechos econ贸micos, sociales y culturales y de las mujeres. La Misi贸n nuevamente constat贸 que las pol铆ticas y programas institucionales relativos a la seguridad de las y los defensores y a la investigaci贸n efectiva de sus denuncias sigue siendo el punto con poca relevancia de la agenda nacional. No se han depurado responsabilidades, ni avanzado en las reformas necesarias de la Polic铆a Nacional y el Ej茅rcito, quienes se han visto involucrados en casos de corrupci贸n y de delitos y violaciones contra los defensores, lo que ha generado una mayor desconfianza de las y los defensores a la hora de solicitar medidas de protecci贸n al Estado.
La Misi贸n internacional recomienda al Estado Guatemalteco:
1. Aprobar la Ley 4084 del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral y priorizar el desarrollo rural y la pol铆tica agraria, tal y como se comprometi贸 a hacer el Presidente de la Rep煤blica al recibir el anteproyecto de ley, otorg谩ndoles presupuestos adecuados.
2. Complementar los esfuerzos presupuestarios del Estado con pol铆ticas estructurales que aborden las causas generadoras del hambre y la pobreza en el pa铆s, y revisar las pol铆ticas y programas para asegurar la correcta implementaci贸n de la Estrategia Nacional para la Reducci贸n de la Desnutrici贸n Cr贸nica y paliar situaciones como las que se producen en Camot谩n.
3. Fortalecer, democratizar y diversificar el sistema de recaudaci贸n fiscal, para incrementar las capacidades p煤blicas del Estado, a trav茅s de la aprobaci贸n de una reforma fiscal que permita al Estado mejorar las condiciones de vida de los sectores m谩s vulnerables de la sociedad.
4. Fortalecer el ejercicio de los derechos laborales, especialmente en el campo, garantizando en particular la aplicaci贸n del salario m铆nimo, las prestaciones laborales y seguridad social, mediante una ampliaci贸n de los alcances del Ministerio de Trabajo y su Inspector铆a General del Trabajo.
5. Asegurar el acceso efectivo de la poblaci贸n al sistema de justicia, trabajando en el fortalecimiento de capacidades de las instituciones administradoras de justicia, en particular en relaci贸n a la implementaci贸n de los est谩ndares internacionales en materia de derechos econ贸micos, sociales y culturales.
6. Proteger especialmente a las y los defensores con acciones contundentes dirigidas a prevenir la criminalizaci贸n de la que est谩n siendo v铆ctimas por ejemplo las y los defensores que se oponen a la mina Marlin, a los desalojos en Panz贸s y El Estor o en el caso del conflicto medioambiental en la Monta帽a de las Granadillas.
7. Fortalecer y promover la coordinaci贸n interinstitucional entre la Polic铆a y el Ministerio P煤blico (MP) y dem谩s instituciones implicadas en la protecci贸n para garantizar la investigaci贸n de las agresiones sufridas por defensoras y defensores de derechos humanos, sin que existan interferencias de intereses econ贸micos o pol铆ticos.
8. Facilitar el traslado de casos y expedientes de ataques a defensores desde las fiscal铆as de los distritos a la Fiscal铆a de Derechos Humanos del MP; descentralizar las unidades de derechos humanos del MP; y reactivar el trabajo de la Procuradur铆a de los Derechos Humanos en su labor de controlar que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger a las y los defensores.
9. Depurar la Polic铆a Nacional Civil y su Direcci贸n de Protecci贸n de Personas y Seguridad para ayudar a recuperar la confianza por parte de los defensores a la hora de solicitar protecci贸n.
10. Incluir la atenci贸n a la familia de las y los defensores y proporcionarles apoyo integral, incluyendo apoyo psicol贸gico y traslados a lugares en los que se pueda asegurar su seguridad.
11. Declarar una moratoria a los desalojos forzosos, como los que se producen constantemente en el caso del Valle de Polochic, mientras no exista una legislaci贸n y procedimientos administrativos coherentes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia del derecho a la alimentaci贸n y vivienda. En este sentido, elaborar, en coordinaci贸n con organismos internacionales de derechos humanos y la sociedad civil, directrices legales y administrativas para la aplicaci贸n y protecci贸n de derechos humanos en el marco de conflictos agrarios.
12. Adoptar a nivel municipal, departamental y nacional planes de ordenamiento territorial que prioricen la democratizaci贸n del acceso y tenencia de la tierra y la realizaci贸n de la reforma agraria integral, que fomenten la agricultura familiar campesina, protejan las tierras y los territorios de los pueblos ind铆genas y preserven los recursos naturales.
13. Regular el uso del agua especialmente el destinado a las plantaciones de palma africana, ca帽a de az煤car, la miner铆a e hidroel茅ctricas, de tal manera que el derecho humano al agua de las comunidades no sufra limitaci贸n alguna.
14. Respetar plenamente los resultados de las consultas comunitarias que rechazan determinados megaproyectos, e instaurar un di谩logo y negociaci贸n de participaci贸n amplia y efectiva de las comunidades involucradas a fin de asegurar soluciones consensuadas y sostenibles.
15. Dar cumplimiento a las Medidas Cautelares dictadas por la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos en mayo 2010 concernientes al cese de actividades de la mina Marlin.
Recomendaciones a la comunidad internacional
1. Expresar de forma contundente al nuevo gobierno de Guatemala, que ser谩 electo en los comicios de Septiembre, el rol fundamental que tiene la garant铆a del derecho a la alimentaci贸n y la protecci贸n de las y los defensores de derechos humanos para el funcionamiento de la democracia y las estrategias de desarrollo exitosas.
2. Orientar sus programas de cooperaci贸n y di谩logos pol铆ticos con Guatemala a combatir las causas generadoras del hambre y la pobreza en el pa铆s, con un enfoque de derechos humanos y en particular del derecho a la alimentaci贸n; y fomentar una mayor coordinaci贸n entre las diferentes instancias gubernamentales que se ocupan de seguridad alimentaria.
3. Expresar ante el Gobierno de Guatemala su preocupaci贸n por todas las violaciones de derechos humanos cometidas durante los desalojos forzosos, en particular el derecho de las comunidades a la alimentaci贸n y una vivienda digna, y apoyar los esfuerzos de la sociedad civil en la b煤squeda de protecci贸n para la comunidades afectadas, incluyendo a trav茅s de visitas de los representantes de la comunidad internacional a las comunidades desalojadas.
4. Instar al Estado guatemalteco a que cumpla con las normas internacionales en materia de derechos de los pueblos ind铆genas, en particular cumplir con las obligaciones recogidas en la Declaraci贸n Universal de los Derechos de los Pueblos Ind铆genas de la ONU y en el Convenio 169 de la OIT.
5. Revisar que las pol铆ticas y los acuerdos comerciales establecidos o en proceso de negociaci贸n con el Gobierno de Guatemala y la regi贸n Centroamericana cumplen con el principio de coherencia con los derechos humanos, en particular en lo relativo a los derechos econ贸micos, sociales y culturales. En base a este criterio y a lo observado por la misi貌n, recomendamos la no-ratificaci贸n del Acuerdo de Asociaci贸n entre la Uni贸n Europea y Centroam茅rica.
6. Revisar las pol铆ticas que fomenten la inversi贸n en la producci贸n de agrocombustibles, la miner铆a y megaproyectos energ茅ticos para prevenir violaciones del derecho a la alimentaci贸n, a la tierra, al agua y de los derechos de los pueblos ind铆genas.
7. Asegurar que se tomen todas las medidas necesarias para implementar el apoyo presupuestario de la UE a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y que se creen mecanismos de monitoreo en los que se vea fortalecida la participaci贸n de la sociedad civil.
8. Publicar la estrategia local de Guatemala desarrollada para la implementaci贸n de las directrices de la UE sobre las y los defensores de derechos humanos, tomando en cuenta la experiencia exitosa del grupo filtro en el pa铆s.
Para la versi贸n final del Informe completo haz click aqu铆. |
